Caracas.- El Tribunal 37 de Control, a cargo de la jueza Leidis Azuaje, dictó medida privativa de libertad contra el prefecto de Caracas, Richard Blanco, y ordenó su reclusión en el centro penitenciario de Yare, lugar al que fue trasladado cerca de las 7:30 de la noche.
El funcionario fue detenido este miércoles en su oficina por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas por supuestamente haber agredido al efectivo de la Policía Metropolitana (PM), Jhonatan Bermúdez Núñez, durante la marcha llevada a cabo el pasado fin de semana por la oposición para protestar contra la Ley Orgánica de Educación.
Blanco fue acusado por los delitos de lesiones graves e instigación a delinquir. El primero implica penas de 1 a 4 años y el segundo de 3 a 6 años. El abogado del prefecto, Négar Granados, calificó de arbitraria la decisión, pues alegó que sólo se tomó en cuenta los alegatos del Ministerio Público; mientras que las 14 fotografías y los dos videos presentados por la defensa no fueron considerados.
Indicó que, según consta en el expediente, efectivos policiales y reporteros de Ávila Tv fueron los supuestos testigos de la agresión.
Granados informó que tanto la defensa como los representantes del Ministerio Público solicitaron a la juez reconsiderar el lugar de reclusión, pues sostuvieron que en Yare la vida del funcionario correría peligro. “El lunes a primera hora de la mañana presentaremos la solicitud formal para que la juez mantenga a Richard Blanco en la Brigada de Acciones Especiales (BAE)”.
En pie de lucha
Granados dijo que durante el juicio le llamó la atención que se mencionara al dirigente opositor Oscar Pérez -sobre quien pesa una orden de captura- pues desconoce la relación de éste con los delitos que se le imputaron a Blanco.
De su lado, el prefecto consideró “injusta” la decisión. Alegó que confía en Dios y que no es ningún “revoltoso” por lo que responsabilizó al Presidente de la República por su integridad física.
El alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, expresó que Blanco no fue objeto de una medida judicial, sino “víctima de un secuestro”.
“Aquí se ha decretado sin ningún tipo de titubeos una dictadura. Esta decisión se cocinó desde hace horas y ese horno está instalado en el despacho presidencial. No es con la tristeza de la quietud como nosotros vamos a activar al pueblo. Esto hay que responderlo con coraje.
Convoco a los venezolanos para que en el marco de la Constitución activemos la lucha”.
Ledezma indicó que las acciones de calle serán organizadas unitariamente. Afirmó que continuarán haciendo uso de sus derechos y lamentó las declaraciones de la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien amenazó con enjuiciar a quienes alteren el orden público durante manifestaciones, alegando que con ello se decretó “ un toque de queda”. “Eso lo vamos a denunciar dentro y fuera de Venezuela”, advirtió.
Representantes de la Mesa de la Unidad acudieron al Palacio de Justicia para respaldar al prefecto de Caracas.
El dirigente de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, al igual que Ledezma fustigó las declaraciones de Ortega Díaz. “Queremos decirle a la fiscal que prepare la máquina fotocopiadora para ponernos presos a todos, porque ahora para las próximas movilizaciones que hagamos (...) la solicitud de permisos la vamos a hacer todos los jefes y representantes de todos los partidos políticos para que nos tenga que enjuiciar en masa”.
Dijo que varios dirigentes opositores estarían en una “lista de enjuiciables” y que pronto le dictarán orden de captura a Ledezma, Leopoldo López, Luis Ignacio Planas, Alberto Federico Ravell y su persona.
Los diputados del Psuv, Tulio Jiménez e Iris Varela negaron que el Gobierno esté criminalizando las protestas.
“Las personas pueden protestar pacíficamente, lo que pasa es que se está combatiendo la alteración del orden público, pero la protesta como tal no está prohibida, cualquier persona de cualquier comunidad puede protestar en forma pacífica”, dijo Jiménez.
Varela señaló que así como Lina Ron fue detenida por el ataque a Globovisión, “la gente de la oposición que va hasta las marchas y que sale con piedras, botellas, bombas molotov, lacrimógenas y hasta con pistolas tiene que ir detenida”.
Aseguró que en la IV República no se permitía el derecho a la protesta. “Uno salía y enseguida había asesinatos, desapariciones y allanamiento de casas. Aquí no había garantías para nada. En este momento es que la gente protesta (...) Reto a los comunicadores sociales a que busquen en las transmisiones, en las hemerotecas a ver dónde hay una denuncia grave contra algún gobierno de la IV (...) que no haya tenido consecuencias posteriores”.
fuente : eltiempo.com.ve
El funcionario fue detenido este miércoles en su oficina por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas por supuestamente haber agredido al efectivo de la Policía Metropolitana (PM), Jhonatan Bermúdez Núñez, durante la marcha llevada a cabo el pasado fin de semana por la oposición para protestar contra la Ley Orgánica de Educación.
Blanco fue acusado por los delitos de lesiones graves e instigación a delinquir. El primero implica penas de 1 a 4 años y el segundo de 3 a 6 años. El abogado del prefecto, Négar Granados, calificó de arbitraria la decisión, pues alegó que sólo se tomó en cuenta los alegatos del Ministerio Público; mientras que las 14 fotografías y los dos videos presentados por la defensa no fueron considerados.
Indicó que, según consta en el expediente, efectivos policiales y reporteros de Ávila Tv fueron los supuestos testigos de la agresión.
Granados informó que tanto la defensa como los representantes del Ministerio Público solicitaron a la juez reconsiderar el lugar de reclusión, pues sostuvieron que en Yare la vida del funcionario correría peligro. “El lunes a primera hora de la mañana presentaremos la solicitud formal para que la juez mantenga a Richard Blanco en la Brigada de Acciones Especiales (BAE)”.
En pie de lucha
Granados dijo que durante el juicio le llamó la atención que se mencionara al dirigente opositor Oscar Pérez -sobre quien pesa una orden de captura- pues desconoce la relación de éste con los delitos que se le imputaron a Blanco.
De su lado, el prefecto consideró “injusta” la decisión. Alegó que confía en Dios y que no es ningún “revoltoso” por lo que responsabilizó al Presidente de la República por su integridad física.
El alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, expresó que Blanco no fue objeto de una medida judicial, sino “víctima de un secuestro”.
“Aquí se ha decretado sin ningún tipo de titubeos una dictadura. Esta decisión se cocinó desde hace horas y ese horno está instalado en el despacho presidencial. No es con la tristeza de la quietud como nosotros vamos a activar al pueblo. Esto hay que responderlo con coraje.
Convoco a los venezolanos para que en el marco de la Constitución activemos la lucha”.
Ledezma indicó que las acciones de calle serán organizadas unitariamente. Afirmó que continuarán haciendo uso de sus derechos y lamentó las declaraciones de la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien amenazó con enjuiciar a quienes alteren el orden público durante manifestaciones, alegando que con ello se decretó “ un toque de queda”. “Eso lo vamos a denunciar dentro y fuera de Venezuela”, advirtió.
Representantes de la Mesa de la Unidad acudieron al Palacio de Justicia para respaldar al prefecto de Caracas.
El dirigente de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, al igual que Ledezma fustigó las declaraciones de Ortega Díaz. “Queremos decirle a la fiscal que prepare la máquina fotocopiadora para ponernos presos a todos, porque ahora para las próximas movilizaciones que hagamos (...) la solicitud de permisos la vamos a hacer todos los jefes y representantes de todos los partidos políticos para que nos tenga que enjuiciar en masa”.
Dijo que varios dirigentes opositores estarían en una “lista de enjuiciables” y que pronto le dictarán orden de captura a Ledezma, Leopoldo López, Luis Ignacio Planas, Alberto Federico Ravell y su persona.
Los diputados del Psuv, Tulio Jiménez e Iris Varela negaron que el Gobierno esté criminalizando las protestas.
“Las personas pueden protestar pacíficamente, lo que pasa es que se está combatiendo la alteración del orden público, pero la protesta como tal no está prohibida, cualquier persona de cualquier comunidad puede protestar en forma pacífica”, dijo Jiménez.
Varela señaló que así como Lina Ron fue detenida por el ataque a Globovisión, “la gente de la oposición que va hasta las marchas y que sale con piedras, botellas, bombas molotov, lacrimógenas y hasta con pistolas tiene que ir detenida”.
Aseguró que en la IV República no se permitía el derecho a la protesta. “Uno salía y enseguida había asesinatos, desapariciones y allanamiento de casas. Aquí no había garantías para nada. En este momento es que la gente protesta (...) Reto a los comunicadores sociales a que busquen en las transmisiones, en las hemerotecas a ver dónde hay una denuncia grave contra algún gobierno de la IV (...) que no haya tenido consecuencias posteriores”.
fuente : eltiempo.com.ve
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